El entorno legal y fiscal de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México: Diagnóstico y prioridades para fortalecer un entorno habilitantees una obra clave nacida de la iniciativa colectivaDiálogos Intergeneracionales, financiada por la Ford Foundation y la Open Society Foundations. Este documento ofrece un análisis profundo y actualizado sobre el ecosistema normativo, administrativo y fiscal que rige a las OSC desde la promulgación de la Ley de Fomento en 2004. A través de un diagnóstico minucioso, identifica con precisión tanto los hitos históricos del sector como los obstáculos normativos que frenan la consolidación de un entorno seguro y propicio para los movimientos de justicia social y ambiental en el país.
En el contexto actual de 2026, las organizaciones enfrentan una alarmante tendencia a la sobre-regulación y a la fiscalización restrictiva. Con barreras críticas como el límite del 5% al gasto administrativo, los severos topes para la generación de ingresos propios y la compleja implementación de las reformas a la ley antilavado, la sostenibilidad y autonomía institucional están bajo una presión sin precedentes. Además, ante la inminente evaluación mutua que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) realizará a México este año, este texto se vuelve indispensable para comprender el impacto de estas exigencias y articular una respuesta informada que proteja la labor legítima del sector.
Lejos de limitarse al diagnóstico, la publicación amplía el horizonte de la sociedad civil mexicana al contrastar nuestra realidad con las experiencias normativas de países hermanos como Brasil, Chile y Colombia. A través de este análisis comparado y de la recuperación de los Principios Interamericanos sobre regímenes tributarios especiales y libertades de financiamiento, el documento extrae valiosas lecciones sobre fondos de fortalecimiento y estabilidad institucional, proporcionando un marco de referencia internacional sólido para proponer reformas que verdaderamente estimulen el fomento y la formalización del asociativismo.
Invitamos con entusiasmo a activistas, líderes, defensores de derechos y miembros de organizaciones de la sociedad civil a leer, apropiarse y difundir este documento imprescindible. Esta obra está diseñada para ser una hoja de ruta práctica y política que guíe nuestros esfuerzos de incidencia, estimule la consistencia institucional y unifique nuestras voces frente a la administración pública. Aquí puedes descargarla: Entorno_ONGs_Mexico
La Ley antilavado en México, oficialmente conocida como la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, está diseñada para cumplir con los estándares internacionales en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Sin embargo, en la práctica, ha habido algunas áreas en las que la legislación mexicana puede no estar completamente alineada con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). En particular en las normas y políticas destinadas a las organizaciones sin fines de lucro (OSFL):
Alcance y Definición de Sujetos Obligados:
Sujetos Obligados: La ley mexicana podría estar considerando a demasiadas OSFL como sujetos obligados a cumplir con las normas antilavado, lo cual va en contra de las actualizaciones internacionales del GAFI, las cuáles sugieren que los sujetos obligados a cumplir con las normas antilavado deben ser definidos por un enfoque basado en riesgo y enfatiza como una práctica negativa el que todas las OSFL sean consideradas como sujetos obligados. Esto ya fue corregido en países como Argentina o Nigeria.
Beneficiarios Finales:
La implementación de registros y mecanismos para la identificación y verificación de los beneficiarios finales ha sido un área de mejora continua ya que relacionado con lo anterior el país podría ser evaluado de forma negativa ante la obligatoriedad de realizar el registro de todos los representantes legales de una OSFL.
Evaluación de Riesgos:
El GAFI recomienda que los países realicen evaluaciones de riesgo nacional detalladas y que ajusten sus políticas y procedimientos en consecuencia. Aunque México ha avanzado en la evaluación de riesgos, aún falta una evaluación sectorial más específica para las OSFL. Sin embargo, la III ENR (evaluación nacional de riesgos) concluye que el riesgo de financiamiento al terrorismo y lavado de activos a través de estas organizaciones es bajo, se han identificado menos de una docena de OSFL en riesgo.
Sanciones y Cumplimiento:
Efectividad en la Imposición de Sanciones: Las sanciones impuestas a las OSFL por incumplimiento de la ley antilavado suelen ser desproporcionadas, lo que puede poner en riesgo su operación y vulnerar su derecho de asociación. El GAFI enfatiza la necesidad de que las sanciones impuestas a los infractores sean efectivas, proporcionales y disuasorias.
Próximos pasos:
La sociedad civil tendrá la oportunidad de presentar sus propuestas y observaciones a los evaluadores del Grupo de Acción Financiera Internacional Latinoamericana (GAFILAT) en la próxima visita a México a realizarse en el mes de abril de 2025.
Unidoscforma parte desde 2022 de la red SANE, una iniciativa promovida por el ICSC en Alemania (Centro Internacional para la Sociedad Civil por sus siglas en inglés).
Esta iniciativa impulsa el trabajo de organizaciones con un enfoque regional o internacional por medio de los siguientes aspectos:
– Documentación de casos de interés. El caso de Unidosc fue documentado y publicado en 2022.
– Vinculación con otras organizaciones. Se comparten casos y experiencias de otras organizaciones, mayormente trabajando desde Europa y en África.
– Acceso a un Hub de recursos para el desarrollo de capacidades, análisis e investigación en los temas de:
Contra narrativas, espacio cívico, abordaje de grupos antiderechos, riesgos digitales, combatiendo la desinformación, análisis del futuro e impactos de la lucha contra el terrorismo. Los documentos son de libre consulta, en su gran mayoría están en inglés aunque existen algunos recursos en español o francés.
En esta ocasión se realizó una reunión de la red en la ciudad de Londres donde Miguel de la Vega representó a Unidosc, del 5 al 6 de junio. La reunión sirvió adicionalmente para poder recibir una actualización de la metodología de la iniciativa «Anticipating futures«, misma que consideramos podríamos utilizar a escala regional en el futuro posteriormente a un proceso de análisis para México en el mes de julio cuyas conclusiones pondremos a disposición de Unidosc.
La Ley antilavado en México, oficialmente conocida como la 
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