por Gestión web | Mar 1, 2024 | Artículos
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), fue establecido en 1989. En su primer informe de 1990, formuló 40 recomendaciones sobre la lucha contra el lavado de activos. Tras los hechos de Nueva York en septiembre de 2001, el mandato del GAFI se amplió para abarcar al financiamiento del terrorismo. En las seis semanas siguientes al 11 de septiembre, se elaboraron ocho nuevas recomendaciones sobre financiamiento del terrorismo, incluida la Recomendación 8 (R8) sobre Organizaciones sin fines de lucro (OSFL)[1].
Dicha recomendación está destinada a proteger a la sociedad civil de ser abusada para realizar actividades destinadas a financiar el terrorismo (FT) o lavado de activos (LA). Desafortunadamente, la primera versión de la R8 calificó las donaciones como actividad financiera en general, lo que motivó a muchos gobiernos a generar legislaciones que incluyeran a las OSFL como entidades inherentemente vulnerables o en riesgo, sin distinción de dónde operan, su contexto, prácticas administrativas y obligaciones regulatorias actuales.
Por lo tanto, existen leyes, como es el caso de la Ley Antilavado en México, que actualmente tratan a las OSC con el mismo grado de obligaciones y sanciones que otros actores que podrían ser más propensos a los riesgos, como los casinos, las transferencias de efectivo o los servicios de cambio de dinero.
Esta Ley ha impuesto cargas administrativas y costos adicionales a las organizaciones, las ha amenazado con fuertes multas en caso de que no cumplan con la recopilación de información que en algunos casos no es fácil de adquirir. En México, algunas organizaciones han tenido que rechazar las subvenciones de fundaciones establecidas por temor a las sanciones, lo que pone en riesgo la prestación de servicios sociales urgentes. Curiosamente, la Evaluación Nacional de Riesgos, realizada por el gobierno mexicano, en 2016, descartó cualquier tipo de riesgo para las donaciones en cuanto a FT.
Gracias a la presión de varias organizaciones y redes de OSC, especialmente el trabajo de la Coalición Global de ONG sobre el GAFI, hubo una revisión y actualización del R8. En su nota interpretativa, ahora el GAFI afirma que las donaciones no son necesariamente vulnerables y que se debe seguir un enfoque de identificación de riesgos antes de imponer regulaciones. Es obligación de los Estados el realizar evaluaciones específicas en el sector sin fines de lucro para identificar organizaciones en riesgo y generar obligaciones adecuadas.
Sin embargo, además de la regulación inequitativa por mejorar, se ha identificado un segundo efecto que podría ser aún más grave: la exclusión bancaria global.
Una investigación realizada por la organización holandesa Human Security Collective en 2017 reveló que procesos similares de exclusión de servicios financieros a OSFL, por parte de corporativos bancarias, están ocurriendo en países como Brasil, México o Irlanda. Pero la tendencia ha demostrado ser más amplia, al grado que se considera un fenómeno global creciente.
Las OSFL en la actualidad se enfrentan a obstáculos cada vez mayores para la apertura de cuentas o simplemente al rechazo de parte de distintos bancos por su sola condición de OSFL. En algunos casos documentados de cuentas operativas, se cancelan sus cuentas corrientes sin explicaciones de por medio. Es de suponer que los corporativos bancarios han adoptado una política corporativa de «eliminación de riesgos». En lugar de generar procesos para identificar a aquellos pocos clientes que representan un riesgo potencial han decidido excluir a un sector por medio de una política global de exclusión progresiva generando no solo un enorme daño social al país sino económico. En el caso de México, los bienes y servicios generados por las OSFL representan poco menos del 3% del PIB y 1,5 millones de empleos.
En el mejor de los casos se ha empujando a las OSFL a recurrir a bancos pequeños, en el peor, al uso de canales financieros no regulados que las ponen justamente bajo un riesgo que tanto gobierno como organizaciones desean evitar. El efecto real es la asfixia de los flujos financieros de las OSC a través de políticas, intencionadas o no, que están siendo efectivas para complicar la sustentabilidad de las organizaciones y la ejecución de programas sociales.
Combatir esta tendencia es una gran oportunidad para que las autoridades mexicanas y gobiernos latinoamericanos lideren la apertura de conversaciones entre bancos y OSFL para encontrar una solución adecuada al problema. La solución probablemente esté basada en las buenas prácticas existentes de transparencia ya presentes en muchas organizaciones a lo largo de toda la región, mismas que disminuyen los riesgos a un mínimo y facilitan la rendición de cuentas hacia todos los grupos de interés.
Miguel de la Vega
Twitter: @mig_delavega
Correo: miguel@unidosc.org.mx
[1] de la Vega, M. Pellón G. (2019) Informe sobre medidas para mitigar el riesgo de financiamiento del terrorismo y de corrupción en el sector de OSFL en Argentina y México.
Crédito de la imagen: DilokaStudio en Freepick
por Gestión web | Feb 29, 2024 | Artículos
Artículo por Humberto Muñóz publicado originalmente en Animal Político
En los últimos meses las noticias, foros, mesas de análisis y debates sobre la reducción de los derechos de asociación, libertad de expresión y de reunión pacífica (conocido como espacio cívico) en varios países de América Latina y El Caribe se han intensificado. El Índice Civicus que monitorea la condición del espacio cívico en todo el mundo, revela que en la región solamente un país tiene el estatus de espacio cívico abierto, es decir donde estos derechos y libertades se garantizan y ejercen a plenitud; en todos los demás se trata de naciones con espacios cívicos reducidos, obstruidos, reprimidos o cerrados.
En este marco, uno de los aspectos que mejor sintetiza el ejercicio de esos derechos y libertades es el entorno en el que las organizaciones de la sociedad civil desarrollan sus actividades, las cuales se han visto seriamente atacadas por los gobiernos en diferentes países. Para muestra de ello tres países en donde la relación entre el gobierno nacional y las organizaciones de la sociedad civil se han tornado particularmente tensa y se ha desinstitucionalizado progresivamente, esto es, Brasil durante el reciente gobierno del ex presidente Bolsonaro, México en el gobierno del presidente López Obrador y Nicaragua con el gobierno del presidente Ortega. Lo paradójico de estos casos es que en todos las constituciones reconocen estos derechos y libertades, tanto para los ciudadanos como para sus organizaciones, además, en estos mismos países existen legislaciones específicas para regular / fomentar a las organizaciones de la sociedad civil (OSC): por ejemplo, en Brasil se cuenta con la Ley 13.019, en México la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, y en Nicaragua la Ley No. 147 sobre Personas Jurídicas sin fines de Lucro. No obstante, pareciera que la realidad y las leyes van por caminos antagónicos. En democracias débiles como las que tenemos en varios de nuestros países, el texto legal nunca será suficiente si no existen políticas públicas que les den vida e instituciones que hagan valer esos derechos.
Así que la pregunta sobre ¿qué está pasando con el espacio cívico en América Latina y El Caribe? amerita una reflexión un poco más detallada. Los resultados del Monitor Tracking Civic Space 2023 que clasifican el espacio cívico en CERRADO como Nicaragua y Cuba, REPRIMIDO como México, Honduras o Venezuela, OBSTRUIDO como Brasil o Bolivia, ESTRECHO como Argentina o Chile, o ABIERTO como lo es exclusivamente Uruguay.
Fuente aquí.
Un país cerrado, implica que hay un cierre total, en la ley y en la práctica, del espacio cívico. Prevalece una atmósfera de miedo y violencia donde a los actores estatales poderosos pueden encarcelar, herir y matar a personas por intentar ejercer sus derechos a asociarse, reunirse pacíficamente y expresarse. Cualquier crítica a las autoridades gobernantes es severamente castigada y prácticamente no hay libertad de prensa. Internet está fuertemente censurado, muchos sitios web están bloqueados y las críticas en línea a los titulares del poder son sancionadas. Nicaragua presenta varios de estos síntomas. En el gobierno del presidente Daniel Ortega Saavedra destacan la persecución y encarcelamiento de los principales opositores políticos y contendientes de la elección presidencial. En lo que va del mandato se ha cancelado el registro a cerca de 3000 OSC de derechos humanos, LGBT, grupos feministas y universidades al considerarlas al servicio de agentes extranjeros que no rinden cuentas sobre los recursos recibidos del exterior. Algunos músicos también han sido objeto de persecución y tienen prohibido actuar en público, lo mismo que el periodismo que se ha visto atacado con la llamada Ley de Ciberdelitos y con el bloqueo aduanero del papel que dejó fuera de circulación al diario más longevo del país “La Prensa”.
Un país represor supone que el espacio cívico está significativamente limitado. Activistas y miembros de la sociedad civil que critican a los titulares del poder corren el riesgo de vigilancia, acoso, intimidación, encarcelamiento, lesiones y muerte. La labor de las OSC se ve obstaculizada regularmente y se enfrentan a amenazas de cancelación del registro y cierre por parte de las autoridades. Es posible que las personas que organizan o participan en protestas pacíficas sean blanco de las autoridades mediante el uso excesivo de la fuerza, incluido el uso de munición real, y corran el riesgo de arrestos y detenciones en masa. Los medios de comunicación independientes son rutinariamente atacados o son víctimas de acoso legal prolongado. En algunos países los sitios web y las plataformas de redes sociales pueden estar bloqueados y el activismo en Internet puede ser monitoreado por el gobierno. México presenta, no todos, pero sí varios de estos síntomas. Aquí los defensores de derechos humanos ponen constantemente en riesgo su libertad y sus vidas, así lo reconoce en el propio Informe de Actividades 2021 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos “La persistencia de agresiones tales como amenazas, hostigamiento, campañas de criminalización y desprestigio, uso de tipos penales en su contra como las injurias, difamación y calumnias, desapariciones y asesinatos, con las que se busca inhibir la labor que realizan, y que además se dan en el contexto de extrema violencia que se vive en numerosas entidades del país”. La organización internacional Artículo 19 ha documentado 37 asesinatos de periodistas en lo que va del sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador. El Índice Global de Crimen Organizado – 2021 ubica a México en el lugar 4 de 193 de páises con mayor crominalidad detrás del Congo, Coloimbia y Myanmar. Las OSC han sido objeto de ataques y desmantelamiento de las instituciones que tejían la relación con el gobierno federal. En febrero de 2019 se emitió la Circular Uno para cancelar el financiamiento público a las OSC “con el propósito de terminar en definitiva con tal intermediación que ha originado discrecionalidad, opacidad y corrupción”, afirmó el presidente. En marzo de 2019 la Secretaría de Salud Federal emitió un comunicado donde dio a conocer la suspensión de la Convocatoria Pública para la designación de subsidios para la prestación de servicios de refugio para mujeres, sus hijas e hijos, que viven violencia extrema y, en su caso, a sus centros de atención externa. Al respecto, el presidente señaló: “los recursos para las mujeres violentadas serán otorgados de manera directa y no a través de las organizaciones civiles”. Para el ejercicio fiscal 2020 se anunció la desaparición del Programa de Coinversión Social (PCS) del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) que había financiado a las OSC por más de 26 años; adicionalmente se dejaron de implementar los Lineamientos para el impulso y la conformación, organización y funcionamiento de los mecanismos de participación ciudadana en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y con ello se dejaron de contabilizar y monitorear dichos mecanismos. Finalmente, para 2022 se eliminó la deducibilidad de donativos de personas físicas a OSC y el Indesol que durante décadas fue la entidad gubernamental emblemática de las OSC fue degradada a Dirección General con la complicidad de su directora.
La categoría de país obstructor del espacio cívico implica una fuerte disputa por el poder por parte de sus titulares quienes imponen una combinación de restricciones legales y prácticas al pleno disfrute de los derechos fundamentales. Aunque existen OSC, las autoridades estatales las socavan, incluso mediante el uso de vigilancia ilegal, acoso burocrático y declaraciones públicas degradantes. Los ciudadanos pueden organizarse y reunirse pacíficamente, pero son vulnerables al uso frecuente de la fuerza excesiva por parte de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, incluidas las balas de goma, el gas lacrimógeno y las porras. Hay cierto espacio para los medios no estatales y la independencia editorial, pero los periodistas enfrentan el riesgo de ataque físico y cargos penales de difamación, que fomentan la autocensura. El Salvador y Brasil se ubican en esta categoría. El país sudamericano ocupa el sitio 22 de 193 en el Índice Global de CrIminalidad 2021 y en materia de participación ciudadana se documentó como durante el gobierno del ex presidente Jair Bolsionaro varios consejos, comités y comisiones que solían funcionar como espacios formales para la participación de la sociedad civil en la formulación de políticas fueron cerrados. La interlocución con el gobierno se rompío, el propio Ombudsman de Rio de Janeiro, Pedro Strozenberg,expresó en su momento que, aunque estrictamente no había censura oficial, existía un ambiente de miedo que restringía la libertad de expresión y que de hecho habían señales fuertes de control político que se expresaron claramente en la decisión de poner a un ministro militar en control de las OSC. También se documentaron investigaciones sobre defensores de derechos humanos y activistas, además de una narrativa presidencial que los describía como ”comunistas”.
Estos casos ilustran la realidad del espacio cívico en America Latina y El Caribe en donde solamente un país, Uruguay, es considerado abierto al espacio cívico. No es casual que en varias naciones haya una narrativa clara de descrédito hacia las OSC, tampoco es azaroso que en Brasil y México, donde más desarrollado estaba el marco institucional del tercer sector, se haya empezado un proceso gradual de desmantelamiento de esas instituciones. Las alarmas están puestas en la región, el desencanto con la democracia, los altos niveles de inseguridad sumados a la pobreza y desigualdad latinoamericana abrieron paso a la elección de dirigentes caracterizados por su simpleza intelectual y por su coqueteo constante con la idea de un gobierno de una sola voz, de un solo hombre.
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